JUICIO POR EL CCD “LA CACHA”
El
Centro Clandestino de Detención “La
Cacha” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo
del Ejército para desmantelar
los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó
entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de
Radio Provincia, al lado de la
Cárcel de Olmos. Fue
uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que
tuvieron El Ejército, la Marina,
las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE ( Servicio
Inteligencia Ejército). Según los relatos de algunos
sobrevivientes el nombre “La
Cacha” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del
dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.
Los
primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los
tiene la justicia hace 30 años,
y fueron producidos por testimonios de sobrevivientes en Brasil año
1983 ( grupo CLAMOR en San Pablo), testimonios en la CONADEP y reconocimiento
del predio 1984.
Anuladas
las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa
en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de
2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento
basada en un informe de la
Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron
a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras
indagatorias. Pero recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según
Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de
funcionamiento del campo y su complejidad”.
Entre
febrero y marzo de 2010 se
detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia,
aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw
(aún en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún en Israel) y Miguel Angel Amigo,
recapturado y sumado al juicio a último momento.
En
marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio,
incluyendo a sólo 17 genocidas
por 137 casos. El juez fragmentó
la causa argumentando que “a los
efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una
separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la
investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y
los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se
parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no
incluyendo a todos, dejaron causas "residuales" de desaparecidos del
77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo
CCD.
Hasta
ese momento, el juicio incluía a sólo 2
responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint
Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento
101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe
Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).
En
mayo de 2012 el coronel Arias
Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió
impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de
mando de la
Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012
murió impune el genocida Saint
Jean. Ambos nombres pasaron a
integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8
de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que
recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en
hechos de Campo de Mayo y La
Cacha, al que el juez Rozansky
tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven
apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.
Con
un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de
investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más
grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la
coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, Penitenciarios,
de la Armada y
del Ejército.
A
pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos
en noviembre del ’76 de Marcelo
Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano
y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio
sobre los CCD de Arana.
Este
juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403
represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello
representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013
representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año,
contra 25 concluidos en 2012.
En La Plata
llegamos a fin de este año con 46 represores condenados en 10 juicios
fragmentados, mientras hay otros
80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone
cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más
que 150 represores.
- Por el Juicio y Castigo a todos los
genocidas por todos los compañeros.
- Por juicios completos por Centro
Clandestino de detención.
- Por la restitución de la identidad
de todos los jóvenes apropiados.
- Por Julio Lopez, Silvia Suppo y los
30.000 compañeros.
Para presenciar el juicio:
Miércoles 18 de DICIEMBRE - 10hs
CONCENTRACIÓN EN EL JUZGADO - 4 Y 51
*Las
audiencias se realizarán en la ex AMIA (4 entre 51 y 53) los días 18 , 20
y 27 de diciembre desde las 10 hs y continuarán los miércoles y viernes
de febrero.El público deberá acreditarse presentando documento de
identidad.
Integran Justicia Ya en La Plata: Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro por
los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Liga Argentina por
los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos La Plata; Federación
Universitaria de La Plata
(FULP)
Contactos de prensa:
María Laura Bretal (221) 155580751 (Unión por los
DDHH, LA PLATA)
Nilda Eloy (221) 155865035 (AEDD)
Pia Garralda (221) 155529756 (APEL)
